El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha vuelto de su viaje a la India dispuesto a tomar las riendas del proceso soberanista en un mes decisivo. Según el plazo que se marcó el propio Mas con Esquerra Republicana, antes de final de año los partidos que defienden la consulta deben acordar una fecha y la pregunta a formular a los ciudadanos. Tras una semana en la que, con Mas de viaje, los partidos fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre la vía para llevar la consulta al Congreso, el presidente quiere que las negociaciones sean discretas. "El presidente tiene una posición clara y fijada. Pero por encima de todo tiene la vocación de llegar a un acuerdo", ha comentado el consejero de Presidencia del Gobierno catalán, Francesc Homs, que sí ha dejado claro que Mas hará un paso al frente. "El presidente procurará hacer honor a sus responsabilidades en este momento trascendental".
Homs ha augurado que los partidos apurarán el plazo para anunciar el acuerdo. "Resérvense del 27 al 31 de diciembre. Esto irá para largo", ha recomendado, antes de explicar que el Gobierno quiere que las negociaciones se lleven con discreción. El consejero catalán, igual que Mas, considera que la sociedad se está empezando a hastiar de las discusiones sobre el proceso soberanista. Por ello ha evitado dar detalles sobre las negociaciones, y ha pedido esperar tres semanas. "Al final se sabrá todo. Supongo que cuando se acuerde la fecha y la pregunta también se pactará la forma de anunciarlo", ha agregado el portavoz del Ejecutivo de Mas.
Mas se lo juega todo a una carta en estas tres semanas: si avanza la consulta, tendrá garantizado el apoyo de Esquerra Republicana; si el pacto fracasa, la legislatura quedará en el aire. "No tenemos otra alternativa que acordar la pregunta. Si no hay pregunta, no hay consulta. Es básico, pero es así. Y si no hay consulta, no hay proceso. Si después de todo, no hay proceso, habremos hecho un ridículo espantoso", ha reconocido Homs.
Por otra parte, el Ejecutivo catalán ha comentado en su reunión semanal el informe que la hecho llegar el Gobierno central. Un documento en el que, para evitar duplicidades, aconseja suprimir varios organismos catalanes, como el síndic de Greuges (el defensor del Pueblo de Cataluña), la Sindicatura de Cuentas, el Servicio Metereológico o el Centro de Estudios de Opinión. El Gobierno catalán se ha tomado como una afrenta este documento, que considera "una reforma de la Constitución encubierta", según Homs. El Ejecutivo catalán convocará en los próximos días a todos los partidos para escenificar una respuesta unitaria al Gobierno del PP.