El continente americano se puede dividir en tres bloques según su relación con el problema de las drogas. Al sur, varios de los mayores productores de drogas del mundo. En el centro, los países más castigados por los efectos del narcotráfico del mundo, con una violencia que los sitúa al borde de ser Estados fallidos. Y al norte, el mayor consumidor de drogas del mundo. Dada esta realidad, y en un continente con una sorprendente afición a las cumbres políticas, las drogas no habían sido nunca motivo de un debate de alto rango. Hasta esta semana. En la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua, Guatemala, no solo se ha discutido, mucho, sino que se ha logrado un consenso para seguir discutiendo. Ese es el verdadero éxito de un acuerdo de mínimos sobre algo que antes, simplemente, no existía. Supone un cambio de actitud, que no de discurso todavía, esperanzador para los países que abogan abiertamente por la despenalización de las drogas. El documento definitivo deberá conocerse en la tarde de este jueves.
En palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera: “Lo importante es que hemos roto el tabú del debate sobre la política de drogas. Hoy los Gobiernos ya podemos hablar de fracasos, de triunfos, de evaluación, de evidencias científicas, investigación sobre el tema”.
“Estamos iniciando la discusión”, dijo por su parte el jueves el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Al ser preguntado si consideraba “histórico” el acuerdo, contestó que “es histórico algo que ocurre por primera vez”. Insulza aclaró que la legalización no forma siquiera parte del tema de la cumbre, aunque la sobrevuela, pero la política sobre drogas “es un tema que tiene que cambiar”.
El miércoles por la tarde, tras anunciar un consenso “verbal” sobre el documento que debía aprobarse el jueves por la noche, Carrera, anfitrión de la reunión y muñidor del acuerdo, explicaba la trascendencia histórica de que algo aparentemente tan obvio se discuta abiertamente: “Hemos salido de esa situación de prohibición extraña del debate sobre las drogas. Todos los días debatimos la política de salud, la política de educación, la política municipal, monetaria… y no debatíamos la política de drogas”.
Los términos del acuerdo quedaron sentenciados por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, cuya mera presencia en el evento era ya considerada prueba del interés de este país en la reunión. “Sí, tenemos que fijarnos en la demanda”, dijo Kerry en rueda de prensa el miércoles. “Damos la bienvenida a una discusión sana”.
EE UU no era en esta reunión el país más cerrado a un acuerdo, pero sí uno donde es más delicado políticamente. De hecho, la despenalización de la marihuana en Colorado y Washington el año pasado fue citada como pasos decisivos que provocaron el debate. La posición, en términos muy pragmáticos, pide un equilibrio entre las políticas sociales para reducir la demanda como en el alcohol y el tabaco, y el mantenimiento de la represión.
El propio Insulza citó ayer a estos dos Estados como ejemplo de políticas de despenalización y quiso establecer la diferencia entre esto y la legalización. “No veo muchos ánimos de legalización”, cerró, manteniendo el equilibrio que ha hecho posible el acuerdo. Insulza apuntó además que no veía la más mínima posibilidad a la despenalización de otra droga aparte de la marihuana.
El continente sigue, sin embargo, profundamente dividido en el enfoque de las drogas. Durante las intervenciones se escucharon abiertos apoyos a una vía de despenalización de las drogas de países con mucho peso específico como Colombia, así como posiciones de cerrazón radical, especialmente de los países de la órbita bolivariana del ALBA. Pero todos los países están de acuerdo en que “ninguno tiene el monopolio de lo que hay que hacer”, según dijo Kerry en un tono en el que algunos quisieron ver un reconocimiento de errores en su política. Sobre esa base se inicia una discusión. El acuerdo queda lejos de las aspiraciones de ONG e instituciones que quisieron ver en esta reunión, alentadas por el empuje del país anfitrión, la oportunidad para cambiar de la noche a la mañana cuatro décadas de enfrentamiento criminal contra la producción, tráfico y consumo de drogas. Aunque Guatemala no habló nunca abiertamente de despenalización de las drogas, idea que en esta cumbre se disfraza diplomáticamente bajo el término “regulación de mercados”, está entre los países que hubieran deseado un paso decidido en esa dirección. El impulso del presidente Otto Pérez Molina le ha valido críticas de buscar réditos políticos a corto plazo.
La Asamblea de la OEA también ha servido para aprobar convenciones contra el racismo y la discriminación. Esta segunda fue vista como una bienvenida a la aprobación del matrimonio gay, un tema muy controvertido en Latinoamérica y que provocó protestas a las afueras de la reunión.