El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acusado este martes a la izquierda de querer suspender el debate sobre la reforma del aborto por pedir la retirada del anteproyecto, después de que el PP se haya quedado solo en el Congreso con un texto que ha sido cuestionado por toda la oposición. "Que la izquierda nos pida que suspendamos el debate significa una arrogancia por su parte. No le tengamos miedo al debate, vamos entre todos a buscar la mejor redacción posible", ha defendido el ministro.
El titular de Justicia ha hecho también hincapié en que los dirigentes del PP, como la exministra Celia Villalobos o el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que han cuestionado la reforma que él ha presentado no defienden mantener la ley vigente. "No hay nadie que diga que prefiere la ley de plazos actual que no protege al concebido", ha sentenciado.
El ministro de Justicia también ha justificado que el anteproyecto devuelve a las menores de 16 y 17 años “el derecho a abortar acompañadas de sus padres” y ha sacado pecho de que, ahora, con la reforma, “este derecho se convierte en una obligación”.
Cuando la ley de 2010 se presentó al Congreso, suscitó una gran polémica porque incluía la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin conocimiento de sus padres. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria este aspecto fue modificado. La ley aprobada, y que es la vigente, establece que las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permite que no digan nada sólo si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Este caso es, por ejemplo, aplicable cuando una menor ha sido violada por su propio padre.
Gallardón, en una entrevista en Los Desayunos de TVE ha criticado la ley de 2010 porque "no garantizaba a la mujer una información completa para una decisión tan dramática como es abortar". Por otra parte ha asegurado que el Gobierno recibió un requerimiento por escrito de Naciones Unidas para modificar la ley de plazos del aborto antes de 2015 por entender que "violaba el derecho a las personas con discapacidad". Ha replicado a la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, quien aseguró este lunes que en los foros de discapacidad de la ONU en ningún momento pidieron al Gobierno de Zapatero que eliminasen de la ley de plazos el supuesto de malformación.
El ministro ha insistido en que la ley podrá sufrir modificaciones siempre y cuando esas se ajusten a la doctrina del Tribunal Constitucional y a los convenios internacionales. Sobre el supuesto de malformación, ha reiterado que "una malformación o una discapacidad por el hecho mismo de producirse no autoriza el aborto porque eso sería tanto como decir que las personas que no tienen discapacidad tienen más derechos que los que la tienen". Pero también ha explicado que "la ley prevé expresamente que las anomalías son susceptibles de generar un daño psicológico en la mujer. La ley autoriza interrumpir el embarazo en estas circunstancias. Será decisión de la madre y del médico".
Respecto a la imputación de la Infanta Cristina, el ministro ha defendido la presunción de inocencia para la infanta, imputada en el caso Nóos, "al igual que defiendo la inocencia de todos los españoles hasta que un tribunal de justicia diga lo contrario".
Sobre la consulta soberanista de Cataluña, Gallardón se ha mostrado contundente al afirmar que "no cabe una consulta dentro de nuestra democracia y no se va a celebrar".