Aunque el plazo establecido en enero para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de las obras de ampliación del Canal de Panamá vence este martes, las negociaciones entre la agencia estatal panameña que administra la vía y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) continuaban esta madrugada con hermetismo y sin que se haya informado de un eventual arreglo bilateral que desate los líos financieros que amenazan con la suspensión de los trabajos.
Una fuente de la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP) guardó silencio al ser consultada este martes sobre la posibilidad de que se logre un arreglo con GUPC, el consorcio encabezado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo y compuesto también por la panameña Constructora Urbana y la belga Jan de Nul. En las conversaciones ha participado Zürich American, firma aseguradora del conglomerado.
Mientras, las tareas de tránsito de buques en ambas vías del Pacífico y del Atlántico por la vieja ruta canalera han continuado con normalidad.
Al informar sobre las negociaciones, el periódico La Estrella, uno de los principales de Panamá, tituló este martes por la noche en su sitio en Internet: “Sin humo blanco entre la ACP y GUPC”.
Las negociaciones —directas e indirectas— se mantuvieron durante el fin de semana pasado.
El lunes por la tarde, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró en declaraciones a la prensa de su país que la ACP y GUPC “están cerquita de llegar a una feliz conclusión o feliz término” en sus conversaciones.
“Pero prefiero que le diésemos tiempo a las partes que se han puesto” este martes como plazo final en sus deliberaciones, para que “sean ellos” los que informen de los resultados. “Estoy seguro que están cerca de llegar a un acuerdo”, subrayó, sin entrar en detalles.
La crisis financiera estalló el 30 de diciembre anterior, cuando el Grupo advirtió a la ACP que, a partir del 20 de enero, paralizaría la construcción de las nuevas esclusas si no se le pagan 1.600 millones de dólares por gastos adicionales o sobrecostes. La Autoridad rechazó el reclamo, alegó que todo debe canalizarse bajo los términos de un contrato bilateral firmado en 2009 y desconoció las amenazas de suspensión de labores; las esclusas tienen un avance del 65%.
La firma constructora y la agencia estatal han intercambiado y rechazado distintas opciones y mecanismos de financiamiento o de cofinanciamiento. Tras cumplirse el plazo del 20 de enero, las dos partes acordaron fijar el 4 de febrero como límite para definir un plan financiero que resolviera el diferendo.
El Grupo se ganó en 2009 la licitación para construir las nuevas esclusas, en los litorales Pacífico y Atlántico, con una oferta de 3.118 millones de dólares, y ese mismo año empezó las labores con la meta de concluir en 2014, aunque una serie de atrasos registrado en 2012 obligó a trasladar la finalización de los trabajos a 2015.
La ampliación, que se desarrolla en zonas alejadas de las centenarias instalaciones de la vía acuática, permitirá que por las nuevas esclusas transiten embarcaciones de mayor tamaño que están inhibidas de pasar por las que operan desde 1914 y que empezaron a ser construidas por Estados Unidos en 1904.
La expansión, presupuestada en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007, es clave para las industrias internacionales portuarias y del transporte marítimo, ya que gran cantidad de puertos y naves de distintas partes del mundo también se han modernizado para recibir los masivos flujos que se esperan transiten por las nuevas esclusas. En la actualidad, el 5% del transporte marítimo mundial anual pasa por la vieja ruta.