La decisión de apartar del Grupo Popular a la expresidenta de las Cortes y exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez no tiene vuelta atrás. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar aseguró ayer que la decisión adoptada por el presidente Alberto Fabra “no tiene vuelta de hoja”.
Ciscar se mostró convencido de que, a pesar de las voces discordantes, entre los parlamentarios del PP “acabará imperando la máxima responsabilidad”.
Sin embargo, fuentes del PP dan por hecho de que la dirección regional del partido no someterá a votación de los diputados la expulsión del Milagrosa Martínez de la bancada popular.
El PP confía en que Milagrosa renuncie voluntariamente al escaño antes de sentarse el próximo día 31 en el banquillo por la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de la red Gürtel. En caso contrario, el PP recurrirá a los estatutos del partido para abrirle expediente disciplinario y reclamar que abandone el escaño. Si no lo hace, el PP apartará a Martínez, que quedará junto al exconsejero Rafael Blasco como diputada no adscrita.
Cuestión más compleja es la situación de Novelda, donde Martínez ocupa el cargo de alcaldesa. Ciscar se escudó en el derecho constitucional a la autonomía municipal. “Quién ha de tomar la decisión [sobre la continuidad de Martínez] son los órganos municipales. Nosotros podemos aconsejar, pero no tenemos la potestad”, prosiguió Ciscar, “porque no está recogido en ningún sitio que un partido pueda obligar a un grupo municipal”. En realidad, los populares temen que si fuerzan la salida de Martínez de la alcaldía de Novelda pueda partirse el grupo popular municipal y perderse la alcaldía en vísperas de las elecciones.
El portavoz insistió en que el presidente ha sido muy claro y pretende que “los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos y en las instituciones”.
Ciscar compareció ayer acompañado de la titular de Infraestructuras, Isabel Bonig, que presentó el proyecto de ley de Puertos de la Generalitat. La nueva legislación pretende avanzar en la privatización de marinas y clubes náuticos y mejorar la colaboración público-privada en la planificación, construcción, gestión y explotación.
Bonig afirmó que con esta norma se pretende “facilitar la actividad económica y social” de los 37 puertos deportivos con los que cuenta la Comunidad Valenciana, regular una legislación que era compleja y difusa, cubrir vacíos legales de la ley estatal y adaptarla a las características específicas del sistema portuario valenciano. La nueva norma establece las premisas necesarias para acometer la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los ya existentes, que corresponderá principalmente a la administración portuaria.