Gustavo Petro tiene, al parecer, los días contados como alcalde de Bogotá. Después de casi cuatro meses de batallas jurídicas, el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa en Colombia, negó en la noche del jueves, un grupo de 23 tutelas (argumentos legales) que buscaban dejar sin fundamento la sanción de la Procuraduría de destituir al alcalde e inhabilitarlo por 15 años para ocupar cargos públicos, algo que en la práctica significa su muerte política.
Estos amparos judiciales se convirtieron en la estrategia central de los defensores del alcalde, algo que bautizaron como ‘tutelatón’, y que en un principio tuvo resultado, ya que lograron frenar provisionalmente la destitución del exguerrillero del desmovilizado grupo M19 y actual líder del movimiento Progresistas. Sin embargo, con la decisión del Consejo de Estado (con una votación 15-8) de rechazar el último grupo de tutelas, queda en firme la sanción de la Procuraduría y en cuestión de días, Petro debería abandonar el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.
Al explicar el sentido del fallo, la presidenta del Consejo de Estado, María Clara Rojas, dijo en rueda de prensa que un grupo de las tutelas no era legítimo, ya que algunos de los firmantes que alegaban que se les había vulnerado su derecho a elegir y ejercer control político, ni siquiera podían votar en Bogotá porque tienen inscritas sus cédulas en otras ciudades. En otros casos, la magistrada asegura que se comprobó que ni siquiera habían votado.
Por otro lado, Rojas explicó que en esencia, el Consejo de Estado consideró que el derecho a elegir no puede limitar la función de la Procuraduría de investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, que era uno de los argumentos centrales de la defensa del alcalde.
La magistrada le recordó a Petro que aún puede interponer una acción de nulidad –una suerte de demanda administrativa– contra el fallo de la Procuraduría, pero esta opción ha sido descartada por los abogados del alcalde que confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgue las medidas cautelares que suspendan la sanción. La defensa del alcalde argumenta que la decisión de la Procuraduría viola sus derechos políticos y los acuerdos que ha firmado Colombia con el Sistema Interamericano. Ese sería su salvavidas.
Pero lo cierto es que la destitución seguirá su curso y una vez la Procuraduría notifique la sanción al presidente Juan Manuel Santos, este tendrá 10 días para hacerla efectiva, tras lo cual nombrará a un alcalde encargado. Luego, la Registraduría, que es el órgano electoral, tendrá que convocar a elecciones atípicas para reemplazar a Petro.
Con esta decisión del Consejo de Estado también quedaría descartada la realización de un referendo revocatorio, programado para el 6 de abril, con el que se pretendía que los bogotanos decidieran si Petro seguía o no en su cargo. Esta consulta es un proceso diferente de la sanción disciplinaria, pero en ella el alcalde tenía centradas sus esperanzas ya que confiaba en que sus electores evitarían que lo revocaran de su mandato.
Tras la noticia, Petro se pronunció a través de su cuenta personal en Twitter, donde agradeció a los magistrados que salvaron su voto: “... que fueron capaces de defender el voto ciudadano y la democracia en el Consejo de Estado”. También dijo que permanecerá en su cargo hasta que el presidente Santos confirme su salida. “Todas las instancias del Distrito con optimismo a mantener y desarrollar los programas de Bogotá Humana. Gobernamos hasta el final”, escribió.
Por su parte, fuentes de la Procuraduría confirmaron a medios locales que la sanción quedará en firme con una sola carta o comunicación de la presidencia del Consejo de Estado en la que se informe el sentido del fallo. No obstante, la magistrada Rojas explicó que, para que esta sentencia sea notificada, los consejeros que votaron en contra de la decisión tendrán que radicar su salvamento de voto y que sea firmada por la totalidad de los magistrados.
El motivo de la destitución de Gustavo Petro se remonta a finales de 2012, cuando el alcalde de Bogotá implementó un nuevo esquema de recolección de basuras en la capital colombiana, con el que pretendía quitarle los contratos a empresas privadas para darle el manejo de las basuras a una compañía pública. Esto provocó un caos en las calles de la ciudad durante tres días, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria que finalmente le está costando su salida.