La Junta de Andalucía y el Gobierno central se reúnen este jueves en Madrid para abordar el conflicto generado entre las dos Administraciones por la reapertura de la mina de Aznalcóllar. El Ejecutivo central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que sustenta el concurso que ha abierto la Junta para adjudicar esta explotación, protagonista hace 16 años de un enorme vertido de lodos tóxicos. El Estado entiende que el Gobierno andaluz ha invadido sus competencias en este proceso. Pero los representantes de la Administración central, tras estallar la polémica el viernes pasado, repiten que la intención no es paralizar la reapertura, sino dotar al proceso de seguridad jurídica.
Las dos Administraciones se reúnen este jueves para buscar una salida legal. Pese a que las competencias de minas recaen en el Ministerio de Industria, el que presida el encuentro será Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Es decir, es el Ministerio de Hacienda el que está buscando la salida a este problema, aunque la Delegación del Gobierno en Andalucía sostiene que en la reunión también habrá algún miembro de Industria. La delegación andaluza estará encabezada por Luis Nieto, viceconsejero de Economía.
No está clara la fórmula que se empleará para solventar el conflicto, pero no debe haber muchos problemas para encontrarla, ya que las discrepancias son técnicas. Las encomiendas de gestión y las delegaciones de funciones desde el Estado hacia las comunidades son habituales. Respecto al recurso, que paralizaría el concurso en el momento que el Constitucional lo admita, puede retirarse si se llega a un acuerdo.