El accidente del Alvia en Santiago y los fallos de coordinación en el trabajo de los bomberos ha vuelto a poner en la picota el sistema de gestión privada de los parques, puesto en marcha en los últimos años de Manuel Fraga al frente de la Xunta y causa recurrente de protestas entre los trabajadores. Las quejas laborales han confluido ahora con los desajustes operativos y han estallado en la amenaza de huelga inminente anunciada por el sector. Galicia es una isla en el resto de España, donde casi ninguna administración se ha atrevido a privatizar el servicio de bomberos.
En el centro de la polémica está la empresa Veicar, concesionaria de 12 de los 23 parques de la comunidad y con una división total entre plantilla y dirección. José Luis Pareja, portavoz del comité de empresa de Veicar A Coruña, insiste en que la descoordinación entre servicios públicos y privados es evidente y cita el lío de los cascos en la tragedia de Angrois. Como los mandos de un parque los llevan del mismo color que los trabajadores de otro y las frecuencias de radio son distintas, la confusión fue considerable, según explica. La dirección niega la mayor. “¿Cree que el consorcio provincial nos iba a permitir andar como el ejército de Pancho Villa en un tema tan importante como las emergencias?”, inquiere Jaime Prieto-Puga, director de Veicar, que ve en estas acusaciones de los bomberos “un intento de alarmar a la opinión pública”.
Las denuncias de los bomberos sí asustan. Entre las quejas comunes se repite la del escaso número de efectivos por turno, que puede ser de tres o cuatro, frente a los más de diez que acostumbra a haber en los parques públicos de las ciudades. “Llegas a un incendio y hay veces en que te ves solo. ¿Y si en un incendio en una casa se cae una pared, como ha pasado? Si te quedas dentro no hay nadie para sacarte”, dice Alberto Vázquez, que trabajó en el parque de Ribadumia y ahora es funcionario del de Ourense. “Cuando pasas a la pública te das cuenta de lo vendido que ibas a algunos servicios, pero hasta que pase una desgracia...”, lamenta David Campos, que pasó del parque de O Porriño, privado, al de Vigo, de gestión pública.
Tanto Campos como Vázquez trabajaron en parques de Celta Prix, empresa que llevaba la accidentada gestión de varios centros de la provincia de Pontevedra y que pasó el año pasado por un concurso de acreedores. La entrada en funcionamiento del consorcio provincial de Pontevedra llevó aparejado un nuevo concurso que ganó finalmente Matinsa, actual adjudicataria. Los plantilla es moderadamente optimista con la nueva gestión.
Los bomberos de parques privados reivindican la necesidad de homogeneizar las condiciones entre las contratas. “La mesa intersindical lleva desde enero de 2012 tratando de negociar con las adjudicatarias, pero solo aceptan acuerdos en cosas muy puntuales que además ya vienen en los pliegos del contrato”, indica Pareja.
El portavoz señala otras cuestiones donde creen que el agravio comparativo es sangrante. “Necesitamos hacer cursos de formación con frecuencia. No es lo mismo, por ejemplo, practicar una excarcelación en un coche normal que en uno híbrido o en un 'Smart', pero los gastos de desplazamiento nos pueden llegar a suponer 200 euros; yo he llegado a pedir a los de un parque público que me dejasen ir en su coche para ahorrar”.
Prieto-Puga no cree que sus trabajadores tengan aprietos económicos. “En este momento son unos privilegiados, tal como están las cosas, ganando más de 20.000 euros”, dice, y asegura que la plantilla utiliza los días de descanso obligatorio entre jornadas laborales para desempeñar otros trabajos. “Uno es fonanero, el otro panadero, otro ayuda a su madre en la pastelería...”, dice.
De fondo subyace el debate sobre las bondades y defectos de la gestión privada de servicios públicos. La Xunta apuesta decididamente por el sistema actual y se limita a garantizar que se cumplan los pliegos de contratación que establecen los consorcios, en la que está representada junto a Ayuntamientos y Diputaciones. De estas, solo la de Lugo, que preside el candidato a la secretaría general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, no está gobernada por el PP. Una portavoz del ente justifica la adhesión al sistema privado por la ausencia hasta entonces de cobertura en la provincia y apunta que no les constan quejas.