El Ayuntamiento de Móstoles se ha sumado a la medida puesta en marcha por otras Administraciones de la región de hacer caja con la enajenación de viviendas de alquiler. Las maltrechas cuentas municipales y regionales se encuentran detrás de estas medidas que buscan hacer caja y lograr ingresos para hacer frente a los problemas de liquidez. La oposición mostoleña y los afectados temen por el futuro de los inquilinos, sobre todo, al considerar que las adjudicatarias buscarán beneficios.
El Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMSM) sacó a la venta, a finales de julio, un bloque de 92 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. En el pliego de condiciones el IMSM fijó un precio mínimo de 3,6 millones de euros y un período de tres años en los que la adjudicataria está obligada a prorrogar los alquileres en las mismas condiciones actuales. A partir de ese momento, la empresa podrá fijar libremente la renta que cobra.
La decisión se tomó en el consejo de administración del IMSM celebrado pasado día 22 y afecta a 92 garajes y 92 pisos adjudicados, por sorteo, entre aquellas familias que cumplían los requisitos de renta. Por ellas pagan entre 300 y 350 euros, en función del número de habitaciones. Las viviendas fueron construidas en 1998 en una parcela cedida por el Consistorio. Ahora, 14 años después, los pisos pueden pasar a manos privadas.
En el pliego de condiciones, el IMSM obliga a que las viviendas estén destinadas a alquiler hasta febrero de 2024, cuando finaliza el plazo de 25 años al régimen de protección para el que fueron calificadas desde su construcción. Entonces, la adjudicataria podrá “fijar libremente el fin al que destinan las viviendas”. En otras palabras: su propietaria podrá vende los pisos y las plazas de garaje individualmente y dejar en la calle a las 92 familias que viven allí.
El secretario general del PSOE en Móstoles, David Lucas, denunció que la vocación social de estos pisos se perderá “por completo” una vez se concrete la venta de estos pisos. Por ello, los socialistas exigen la paralización inmediata del proceso. Según Lucas, unas 31 de las 92 familias que viven en el bloque experimentan “serias dificultades económicas” y, ocasionalmente, “tienen que retrasar” el pago del alquiler. Para ellos, a juicio del secretario general del PSOE de Móstoles, el problema sería “especialmente grave” puesto que la adjudicataria solo tendrá que someterse a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según su última reforma, el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio tras un solo mes de impago. Hasta ahora, los casos de impago en los pisos alquilado por el IMSM se trataban de manera individualizada y se solía acceder a una flexibilización en el pago, según Lucas. Este achacó la operación a la “brutal deuda” municipal que, según sus datos alcanza ya los 140 millones de euros.
Eduardo Gutiérrez, concejal de Izquierda Unida y consejero de la IMSM, señala que la venta de esta promoción “es un paso más” del equipo de Gobierno en el desmantelamiento del IMSM. “Se le va quitando contenido: no lleva a cabo nuevas promociones y las que están, se venden”, afirma. Sobre la operación Gutiérrez muestra “serias dudas” sobre su legalidad. Cree que es una actuación contraria a derecho. “El Consistorio está vendiendo pisos construidos en una parcela cedida gratuitamente para la construcción y promoción de la vivienda pública”, señala el edil de IU. Este calificó de “irracional” la estructura de la plantilla del instituto del suelo, en la que nueve de sus 32 trabajadores son directivos. El Ayuntamiento, en manos del PP, declinó hacer declaraciones.
Juan Vicente Jiménez, vecino del bloque de pisos, no descarta acciones legales. Jiménez, de 63 años, vive con su mujer, de 59, y su hijo, de 31, desde que hace tres lustros se adjudicaron por sorteo las viviendas. Paga 350 euros al mes y considera que el IMSM “está haciendo algo ilegal”. Jiménez incide en las dificultades de algunos inquilinos, en paro, para pagar la renta. “A los tres o cuatro meses del primer impago recibían una carta para echarles de sus casas”, recalca. “Si ha pasado esto con el IMSM, no sabemos qué puede pasar con privada”.